El país despertó este sábado con una nueva masacre que se cobró la vida de seis personas en la localidad de La Guayacana, que hace parte de Tumaco, en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador.
Fue la cuarta matanza perpetrada en tan sólo una semana en el país y la sexta en dos semanas.
La masacre en la zona rural de Tumaco ocurrió horas antes de que el presidente colombiano, Iván Duque, llegara a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde el 11 de agosto cinco jóvenes fueron acribillados.
Aunque su ocurrencia ha aumentado en los últimos días, las masacres no son nuevas en Colombia. Algunas de las perpetradas este año pasaron inadvertidas para una opinión concentrada en la crisis por la pandemia del coronavirus.
«Estos hechos desafortunadamente no han desaparecido de nuestro país», reconoció Duque desde Llano Verde, el barrio de Cali en el que fueron encontrados en un cañaveral los cinco menores asesinados, de entre 14 y 15 años de edad.
REPUDIO Y ENFADO
La estela de muertos deja también en el país una mezcla de repudio, por el río de sangre que empieza a recorrer las regiones más devastadas por el conflicto armado, y de enfado contra las respuestas del Estado que según varias organizaciones sociales llegan tarde o nunca llegan a las comunidades.
El asesinato en Cali de Juan Manuel Montaño, Jean Paul Perlaza, Leyder Cárdenas, Álvaro José Caicedo y Jair Andrés Cortés, todos jóvenes afrodescendientes, llenó de estupor a Colombia.
Con el país acalorado exigiendo acciones concretas para detener el asesinato de líderes sociales, jóvenes y exguerrilleros de las FARC, Duque viajó este sábado a Cali desde donde prometió contundencia contra las bandas organizadas y celeridad en las investigaciones de los crímenes.
«Estos hechos son cometidos por la criminalidad organizada, como puede ser este caso en Llano Verde, pero también son producto de grupos criminales como las disidencias de las FARC, (la guerrilla de) el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos y otras bandas al servicio del narcotráfico y extracción ilegal de minerales», dijo.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
Además de la matanza de Cali y de la ocurrida esta madrugada en Tumaco, en la noche del viernes fue perpetrada otra en el vecino departamento del Cauca, donde desconocidos acabaron con la vida de al menos seis personas.
Ayer por la tarde, la Defensoría del Pueblo había informado del asesinato de otras cinco personas en El Caracol, un caserío de Arauca situado en la línea de frontera con Venezuela.
Hace una semana el país fue estremecido por la masacre de ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, que estaban haciendo un asado en una casa rural en Samaniego, departamento de Nariño, donde horas antes había sido asesinada una mujer de 26 años.
Y el martes pasado se conoció que hombres armados asesinaron días atrás a tres indígenas de la comunidad awá en una remota aldea de Ricaurte, en el mismo departamento.
Ante esos crímenes, Duque dijo hoy que lo sucedido le causa «dolor» al país, pero evitó hablar de «matanzas» o «masacres» y prefirió referirse a los asesinatos como «hechos violentos».
Hasta hace una semana la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. había documentado 33 masacres durante 2020 en Colombia, cifras por las que diversos organismos internacionales manifestaron preocupación por «la continuidad de homicidios» en el país.
Pese a esos datos, el presidente Duque escribió este sábado en sus redes sociales que entre 2019 y 2020 en Colombia se han registrado 34 «homicidios colectivos» y comparó esa cifra con los 189 ocurridos entre 2010 y 2018, periodo de Gobierno su antecesor el expresidente Juan Manuel Santos.
Ese mensaje provocó fuertes críticas hacia su administración y un reclamo generalizado de quienes acusaron al mandatario de manipular las cifras y de ver sólo por el retrovisor, ignorando la gravedad de la situación que tiene por delante.
MEDIDAS DEL GOBIERNO
Como respuesta a las recientes masacres, la Fiscalía General de Colombia ha enviado a cada uno de los departamentos afectados equipos especializados en investigación.
A su vez, el Ministerio de Defensa anunció este sábado la creación de la «Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos», un equipo élite para tratar de esclarecer esos crímenes.
El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, insistió en que «detrás de las masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre y por las mismas razones».
Se refirió así a la antigua guerrilla de las FARC, al ELN y a grupos de narcotráfico y delincuencia, de los que dijo «creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad».
«La expresión criminal de homicidios colectivos se viene presentando en Colombia de tiempo atrás. Un solo caso duele, un solo caso hay que rechazarlo. Pero no es cierto que sea un fenómeno nuevo», declaró Trujillo.
Por su parte, el partido político de la FARC, nacido tras la desmovilización de la antigua guerrilla, aseguró que «en Colombia hay un exterminio en marcha contra todas las fuerzas alternativas, desde líderes sociales y firmantes de la paz, hasta la juventud que se niega a seguir viendo un país en guerra».
DEBATE POLÍTICO
El asesinato de decenas de civiles no es ajeno a la polarización política en la que vive Colombia.
Mientras el Gobierno dice que sus críticos no reconocen los esfuerzos hechos en los últimos dos años, hay quienes cuestionan a la administración de Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior.
Voces más sensatas argumentan en cambio que las víctimas no deberían ser usadas políticamente o para hacer comparaciones numéricas, sino para diseñar e implementar estrategias concretas que saque a la población civil de en medio del conflicto armado.
«¿Estamos regresando a la Colombia asfixiada por el humo de una guerra que contabiliza masacres, líderes sociales muertos y graves violaciones a los derechos humanos? La peor amenaza a la vida no es la pandemia, es la indiferencia», aseguró el procurador general, Fernando Carrillo.